Con estas dos entradas damos por terminado, de momento, el análisis sobre lo que está sucediendo en el ámbito político en relación con la legalización de Batasuna. La próxima entrada versará sobre la legalización-ilegalización de Batasuna, o como quiera que se denominen, ya que el lunes 7 dan a conocer sus nuevos estatutos. Analizaremos lo que dice la Ley de Partidos, la sentencia del TEDH y lo que dicen los proetarras en sus nuevos estatutos de partido, así como las actitudes que están tomando el resto de fuerza políticas.
Los esfuerzos de ETA y Batasuna por recomponer
el nacionalismo radical
La lectura de los tres comunicados de ETA durante el mes de septiembre evidencia sin ningún género de dudas el compromiso de la banda con su estrategia terrorista. Los contenidos del último de ellos, en la forma de una entrevista a dos miembros de ETA publicada en Gara, eran particularmente reveladores. En esta entrevista los terroristas rechazaban una tregua unilateral como la que se le reclamaba a ETA en la Declaración de Bruselas, al tiempo que imponían numerosas condiciones políticas para el cese de su violencia. Entre dichas condiciones destacaba la exigencia de una negociación política entre ETA y el Gobierno, el compromiso de las autoridades de no realizar detenciones de terroristas, al igual que otros “mínimos” como la excarcelación anticipada de presos enfermos y de aquellos que hubiesen cumplido tres cuartas partes de condena, además de la liberación de los reclusos a los que se les ha aplicado la llamada “doctrina Parot”.
Asimismo, los terroristas declaraban que ETA no se sentía vinculada por el pacto soberanista alcanzado meses atrás entre Batasuna y EA, y que ni siquiera “haría suya palabra por palabra” la iniciativa Zutik Euskal Herria elaborada por Batasuna y en la que se señalaba lo siguiente: “El proceso democrático tiene que desarrollarse en ausencia total de violencia y sin injerencias, rigiéndose el diálogo y la negociación entre las fuerzas políticas por los principios del senador Mitchell. Nadie podrá utilizar la fuerza o amenazar con su uso para influenciar en el curso o el resultado de las negociaciones multipartitas, así como para tratar de modificar el acuerdo que nazca de las mismas”. Algunos observadores, de manera errónea, asumiendo una interpretación excesivamente benévola de la naturaleza y estrategia de Batasuna, han considerado el documento Zutik Euskal Herria como la demostración de una separación del brazo político del armado al aludirse a la necesidad de utilizar “vías y medios exclusivamente políticos y democráticos”.
Dicha interpretación ignoraba que en mayo de 1999 los grupos parlamentarios del PNV, EA y EH (sucesora de Batasuna) –esta última con el terrorista Josu Ternera a la cabeza– firmaron un pacto de legislatura en el que los representantes políticos de ETA “reiteraron” su “apuesta inequívoca por las vías exclusivamente políticas y democráticas para la solución del conflicto de naturaleza política existente en Euskal Herria”. El compromiso de 1999 abogaba también “por la desaparición plena de todas las acciones y manifestaciones de violencia”, lo que suscitó por parte del entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, una desmesurada valoración: “Éste es el día que llevábamos tanto tiempo esperando”. La evidente ausencia de correspondencia entre las palabras de Euskal Herritarok y sus hechos revelaban la irrele-vancia de la retórica del brazo político de ETA, precedente que debe ser tenido en cuenta al valorar su nuevo compromiso con “vías y medios exclusivamente políticos y democráticos”, tal y como lo ha expresado más recientemente.
Hoy, los hechos evidencian de nuevo una incoherencia con las promesas, pues las discrepancias entre ETA y Batasuna respecto a la utilidad de la violencia no han concluido en un cuestionamiento claro del terrorismo por parte de los representantes políticos de ETA. Las discrepancias que la propia banda reconocía en la referida entrevista de finales de septiembre surgen de los deseos de Batasuna por sortear su ilegalización, objetivo éste que se ve obstaculizado por la persistencia del terrorismo etarra, que ha llevado a los representantes políticos de la banda a solicitar su interrupción. Aunque ETA ha dejado claras en sus comunicados sus diferencias con Batasuna, la manera en la que los comunicados terroristas han ignorado las peticiones del brazo político, y la anuencia de éste con la dirección etarra, confirman la sumisión del partido ilegalizado a los dictados de la banda. Por ello, el inusual número de declaraciones por parte de ETA a lo largo del mes de septiembre puede interpretarse como un intento de responder a las presiones que desde Batasuna y el ámbito internacional se le trasladaban a la banda. Sin embargo, la respuesta de ETA ha eludido las reclamaciones principales planteadas desde estos frentes, confirmando la autoridad que el brazo armado sigue ejerciendo sobre el político y la subordinación de este último.
Esta circunstancia ha decepcionado parcialmente a quienes esperaban una diferente disposición de la banda. No obstante, la escenificación de sucesivos movimientos por parte de ETA y Batasuna ha permitido a ambas formaciones reproduciruna propaganda eficaz en algunos sectores al presentarles como actores con voluntad de realizar gestos a favor de una resolución pacífica del conflicto. No es éste un mensaje que haya calado exclusivamente en el entorno terrorista, sino que también ha logrado seducir a otras audiencias. Así lo corrobora la complicidad de Aralar y EA con la estrategia terrorista al acordar una iniciativa común conocida como “Acuerdo de Gernika” a finales de septiembre. Bajo la apariencia de un gesto de distanciamiento de ETA, al reclamar en el primer punto de dicho acuerdo “la declaración de ETA de un alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional como expresión de voluntad para un definitivo abandono de su actividad armada”, estos partidos condicionaban dicha respuesta por parte de los terroristas a la satisfacción de una serie de exigencias que el Gobierno debería satisfacer. En consecuencia, el gesto etarra debía ir acompañado del cumplimiento de numerosas demandas por parte de las autoridades, entre ellas, la derogación de la Ley de Partidos y “la adopción de las siguientes medidas como primer paso del camino hacia la amnistía, que conduzca a la ausencia total de presos/as y exiliados/as a consecuencia del conflicto político: traslado de los presos/as a Euskal Herria finalizando la práctica de la dispersión; liberación de presos/as con graves enfermedades; concesión de libertades provisionales a todos los presos y presas preventivos pendientes de juicio en prisión; derogación de la legislación que impone 40 años de condena; y la revisión de los procesos judiciales contra personas y estructuras organizativas derivados de su actividad política”.
Esta nueva alianza beneficiaba una vez más a los intereses de los radicales al favorecer la recomposición de un frente nacionalista que disminuía la marginalidad de Batasuna y, por tanto, de la propia ETA en momentos de considerable debilidad como los que atraviesa el movimiento terrorista. La constitución de esta alianza representaba además la materialización de las exigencias que ETA venía expresando en su documentación interna en los últimos dos años, al exigir a Batasuna una “alianza independentista” que le permitiera articular su noción de “proceso democrático”, entendiéndose por éste la satisfacción de los requisitos planteados por ETA para la consideración de una hipotética tregua.
Uno de los elementos que facilita el consenso entre los integrantes de esta “alianza independentista” es la reivindicación de internacionalización del fenómeno terrorista mediante la injerencia externa de actores internacionales. La interferencia de agentes a los que ya se ha aludido en las páginas precedentes se mantiene como una constante, habiendo reiterado la “alianza independentista” la necesidad de una “verificación internacional” de la tregua reclamada a ETA. La propia banda ha solicitado la implicación de la comunidad internacional, como sintetizaba en su primer comunicado de septiembre: “A ella le hacemos un llamamiento para que responda con responsabilidad histórica a la voluntad y compromiso de ETA, para que tome parte en la articulación de una solución duradera, justa y democrática a este secular conflicto político”.
En el último de sus pronunciamientos en septiembre, ETA matizaba el papel que reserva a una “aportación internacional” que la banda ve necesaria para “dar impulso ininterrumpido, proteger y, en alguna medida, blindar el proceso”. Al mismo tiempo, durante esa entrevista con dos miembros de ETA, éstos ponían de manifiesto la manipulación que los terroristas hacen de dicha interferencia externa, dejando claro que en estos momentos ETA no está dispuesta a renunciar al terrorismo. Frente a las peticiones de verificación internacional de una tregua que Batasuna plantea, al ser preguntados sobre quién verificaría una hipotética tregua previo cumplimiento de los requisitos establecidos por los terroristas, los entrevistados respondieron: “Creemos que es demasiado pronto para responder a preguntas de ese tipo. Si llega el momento, entonces habrá que estudiar las opciones, aprendiendo de otras experiencias”.
Conclusiones
Una de las más importantes tergiversaciones en torno al proceso norirlandés por parte del entorno de ETA consiste en ignorar la premisa básica sobre la finalización de la campaña terrorista: el IRA decretó el final de su violencia a pesar de no haber conseguido sus objetivos, renuncia forzada por la intensa presión antiterrorista sobre el más sangriento grupo terrorista de Europa. Por ello, la mirada a Irlanda del Norte por parte de ETA y Batasuna es casi siempre interesada, al instrumentalizar iniciativas que acentúan la dimensión internacional y que pueden reportarle al movimiento terrorista considerables beneficios. El respaldo que la internacionalización ha obtenido de otros actores podría entorpecer el declive de ETA causado por la intensa presión antiterrorista. Conviene por ello recordar que en su afán por cerrar en falso un conflicto terrorista cuya resolución exige mucho más que la disminución de la violencia, el Gobierno británico aceptó concesiones frente al terrorismo cuyo considerable coste amenaza con lastrar el avance de una sociedad democrática. Una organización terrorista derrotada como el IRA extrajo mediante sucesivas coacciones una legitimación de contraproducentes consecuencias. Las cesiones del Gobierno británico fortalecieron la perjudicial narrativa del conflicto reproducida por la propaganda terrorista, al reforzarse ésta frente al principal argumento de deslegitimación esgrimido contra el terrorismo durante décadas: en un sistema democrático los responsables de conductas criminales deben ser sancionados por sus infracciones sin recibir la recompensa de una negocia-ción que debilita a la democracia y fortalece a quienes han desafiado los métodos democráticos mediante la amenaza y la violación sistemática de los derechos humanos.
El apaciguamiento en el que se incurrió en Irlanda del Norte permitió la construcción de un relato que transforma la realidad del conflicto terrorista: los perpetradores de la violencia dejaron de ser presentados como tales, pues de lo contrario resultaría acuciante la lógica demanda de justicia y reparación que merecen las víctimas y que los victimarios deben atender. Esta tolerancia hacia quienes han transgredido los más básicos principios políticos, humanos y morales ha devenido en una neutralización del pasado, de manera que las víctimas se ven forzadas a aceptar un relato que falsea su injusto sufrimiento, dolor que se presenta como inevitable y necesario. Tan injusta coacción se complementa con una espantosa exigencia que rechaza la conveniencia de “abrir las heridas del pasado”, como si juzgar a los victimarios no fuera un requisito imprescindible para cicatrizar profundas heridas todavía abiertas y para la erradicación y deslegitimación de una violencia que continúa siendo legitimada por quienes hoy ejercen el poder.
Esta conclusión obliga a prestar atención a otro de los intentos de distorsión del contexto norirlandés, pues también han surgido voces en España que han planteado que aquí la problemática de las víctimas deberá “resolverse” como en Irlanda del Norte. En primer lugar debe cuestionarse esa asunción de que tan delicado tema ha sido realmente resuelto de manera satisfactoria en una región donde muchas víctimas del terrorismo aún rechazan la terrible impunidad política, moral, histórica y jurídica permitida por el proceso norirlandés. Nada se ha avanzado en el objetivo de una reconciliación que resulta imposible alcanzar sobre los cimientos de injusticia en los que se levanta el arreglo político admitido en Irlanda del Norte. De ahí el interés nacionalista por buscar la importación de fórmulas que han contribuido a construir una dañina identidad para las víctimas: éstas han sido definidas como meras “consecuencias del conflicto” y, de esta forma, se les ha arrebatado la reparación que merecen las víctimas de cualquier delito, pero especialmente quienes han sufrido tan salvajes violaciones de derechos humanos.
Al condicionarse el avance de la sociedad a la relegación de la necesaria justicia sobre los responsables de semejantes crímenes, se ha asumido un peligroso chantaje que distorsiona importantes lecciones para la resolución de un conflicto terrorista. Por un lado, se ha intentado imponer la creencia de que el final de la violencia exigía la excarcelación de los terroristas, ignorándose que la debilidad del terrorismo dejaba a sus perpetradores escasas expectativas de éxito y una limitada voluntad de continuar con una estrategia fracasada incluso aunque no se hubiera producido la liberación anticipada de presos. Además, ha facilitado la legitimación de la violencia al minusvalorar las consecuencias políticas, humanas y jurídicas que se derivan de la misma. La ausencia de sanción para delitos de una gravedad extrema sienta un peligroso precedente en una sociedad en la que todavía se mantiene el terrorismo. Una comparación entre los niveles de violencia de ETA y de los grupos terroristas escindidos del IRA muestra una mayor actividad por parte de estos últimos, incentivados por esa impunidad y legitimación favorecida por tan dañino “proceso de paz”.
La perpetuación de una violencia que hoy todavía mantienen grupos escindidos del IRA sugiere también importantes conclusiones para el fenómeno terrorista en España. La tensión entre ETA y Batasuna ha llevado a plantear comoposible una escisión similar a la que en Irlanda del Norte dio lugar a grupos escindidos del IRA que todavía hoy mantienen el terrorismo. Esta hipótesis ha sido utilizada por algunos políticos para justificar la negativa de Batasuna a romper con ETA, deduciendo que el partido debe obtener concesiones políticas que le permitan traer consigo a la banda sin escisiones. Así, la interesada lectura del referente norirlandés aporta al movimiento terrorista una comparación ventajosa con la que defender su negativa a abandonar el terrorismo y la intimidación que ejerce mediante la manipulación de las expectativas sobre el final de la violencia.
Batasuna, como hizo el Sinn Fein con el IRA, instrumentaliza la amenaza de escisiones para rentabilizar la crítica debilidad de ETA. Sin embargo, la actual situación en Irlanda del Norte, donde el terrorismo de los disidentes no deja de aumentar, demuestra cuán contraproducente ha resultado este tipo de coacción. Confirma que el modelo norirlandés ha sido incapaz de acometer la categórica deslegitimación de la violencia utilizada en el pasado, al fortalecer el discurso de quienes aún mantienen el terrorismo. Es ésta una valiosa lección para nuestra política antiterrorista en unos momentos en los que Batasuna intensifica sus argucias para generar confusión sobre sus verdaderas intenciones, aparentando una irreversible pero falsa voluntad de paz mientras permanece supeditada a la estrategia etarra.
Al haberse eludido una auténtica deslegitimación de la violencia del IRA y su condena desde el punto de vista táctico y moral, se ha incentivado la continuidad del terrorismo por parte de esos disidentes que utilizan los mismos argumentos que en el pasado emplearon sus propios compañeros, estos que ahora les critican por hacer lo mismo que ellos hicieron años atrás. De ahí la incapacidad del Sinn Fein para contrarrestar la propaganda de los disidentes, pues éstos, desde su misma lógica, argumentan que están legitimados para utilizar la violencia por varios motivos. Los disidentes usan el terrorismo para perseguir idénticos objetivos por los que el IRA justificó miles de asesinatos, o sea, el fin de la “ocupación” británica. Además, los disidentes argumentan que puesto que el IRA ha ensalzado su violencia como eficaz, ellos siguen manteniendo el terrorismo para lograr los fines que el IRA fue incapaz de conseguir al concluir su campaña, estimulando su reproducción pese a las dificultades.
La narrativa con la que el Sinn Fein y el IRA han intentado legitimar su campaña terrorista no ha dejado de incidir en la necesidad de la violencia pasada y en los logros de la misma, tal y como hace ETA52. Esta narrativa y las concesiones extraídas por el Sinn Fein al coaccionar a las autoridades con la promesa de desaparición del IRA permiten reforzar el discurso de los disidentes: si el Sinn Fein logró beneficios por parte del Gobierno británico bajo amenaza de que la ausencia de cesiones alentaría la continuidad del terrorismo del IRA, la violencia aparece como eficaz y, por tanto, como un método al que un verdadero “patriota” no debe renunciar mientras permanezcan los agravios a los que recurrieron para justificar sus crímenes durante décadas. El incremento de la violencia de los disidentes, que según una reciente encuesta cuentan con la simpatía del 14% del electorado nacionalista54, deberíahacer reflexionar a esos políticos vascos que irresponsablemente aceptan convertirse en cómplices de la estrategia terrorista aduciendo unas buenas intenciones para poner fin al terrorismo. La complicidad de Aralar y EA con Batasuna al exigir a actores democráticos que ignoren la legalidad persigue encubrir los efectos del terrorismo perpetrado en una sociedad en la que ETA ha violado sistemáticamente los derechos humanos, siendo sus consecuencias perjudiciales para lograr el final de la amenaza terrorista.
Si ETA ha forzado a dichos partidos a modificar sus posicionamientos pese a seguir existiendo, ¿por qué habría de renunciar la banda al instrumento que le ha garantizado semejante logro? La misma lógica puede aplicarse a las exigencias que Batasuna y sus aliados nacionalistas reclaman ahora como contrapartida por una interrupción táctica del terrorismo: si Batasuna obtuviera los privilegios que a modo de chantaje exige junto a su legalización, se desincentivaría la renuncia a esa amenaza de violencia, que resultaría útil. Esa política de apaciguamiento disminuye el aislamiento de Batasuna –al disminuir la presión sobre ETA–, al igual que lo hace la actitud del PNV manifestándose con el entorno de la banda, firmando manifiestos soberanistas conjuntos, y realizando declaraciones que muestran su coincidencia con los fines del movimiento terrorista.
Las escisiones del IRA demuestran que la erradicación del terrorismo se ha visto obstaculizada por la disposición de actores democráticos a recompensar cesiones a los terroristas que fueron presentadas como necesarias para la finalización de la violencia pero que, en cambio, reforzaron un relato legitimador de la misma garantizando su perpetuación. Por tanto, la firmeza inexorable en la política antiterrorista frente a ETA y Batasuna constituye lamejor receta para evitar escisiones en la banda que entorpezcan su desintegración. Esa consistencia es la que puede forzar a los terroristas a construir el relato deslegitimador de la violencia imprescindible para su desaparición. De ese modo se desmoraliza a aquellos que tuvieran la tentación de escindirse para mantener la violencia al reducirse sus expectativas de éxito, y se favorece la consolidación de una disidencia dispuesta a renunciar al terrorismo sin contraprestaciones.
A pesar de las divergencias que entre Batasuna y ETA han surgido en los últimos meses como consecuencia de las diferentes opiniones sobre la función que la violencia debe desempeñar en la estrategia terrorista, la adhesión a la ortodoxia terrorista se mantiene. Es decir, la continuidad del terrorismo sigue sin ser cuestionada de manera genérica. Las diferencias sobre la utilidad de la violencia resultan ser más bien de conveniencia táctica, al constituir todavía un elemento fundamental de la estrategia terrorista que no se desea abandonar. Por ello, el debate en torno a su utilización sigue marcado por la rentabilidad que políticos y militares entienden pueden extraer de esa violencia, sin que se aprecie que el movimiento haya interiorizado la necesidad de renunciar al terrorismo sin contraprestaciones. A pesar de que Arnaldo Otegi declara ahora en El País que la formación que lidera “se opondría” si ETA volviera a matar, bajo la propaganda del terrorista se oculta una realidad que muestra cómo Batasuna, más allá de la retórica, continúa fiel a la actitud que en 2001 el propio dirigente radical sintetizaba así: “Se quiere animar a la izquierda abertzale para que vaya contra ETA. Nunca nos van a encontrar en este terreno”.
El rechazo casi unánime que los últimos comunicados terroristas han encontrado en nuestro país ha neutralizado el objetivo terrorista de fracturar el consenso que tras el fracaso de la última negociación ha profundizado el declive etarra. A pesar de ello, la simplificación del fenómeno terrorista en la que determinados actores incurren induce a reproducir reclamaciones aparentemente equidistantes que exigen por igual a ETA y a un Estado democrático pasos hacia la “paz” y “sacrificios” para aprovechar otra “oportunidad” que los terroristas “benévolamente” ofrecen. De ese modo puede abundarse en la injusta pretensión de la propaganda terrorista, que intenta eludir la necesaria distinción entre el agresor –ETA– y sus víctimas –el Estado y la sociedad española–. Éste es el escenario que ETA y Batasuna desean recrear y que los partidos políticos deberán evitar en un futuro, pues es posible prever nuevos intentos de los dirigentes batasunos por aparentar un distanciamiento del terrorismo por los que seguirán exigiendo diversas recompensas.
Rogelio Alonso. Profesor Titular de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos.
