· Aunque había anunciado que la próxima entrada versaría sobre la recomposición del nacionalismo radical, he creído oportuno introducir antes esta otra, que habla sobre la farsa que se esconde tras la grandilocuente palabra “verificación”, a la que se aferran como garantía demócrata de sus intenciones ETA, pero sobre todo Batasuna, EA y Aralar.
La implicación internacional brinda a ETA y a Batasuna una baza con la que intentar atenuar su profunda crisis. Cuando Batasuna reclama esa verificación seduce a algunos observadores del fenómeno etarra que declaran su fe en la ruptura del brazo político con el armado a pesar de la evidencia que demuestra que el movimiento terrorista, aunque con tensiones, permanece fiel al terrorismo.
No es extraño que actores externos sean vulnerables al engaño cuando algunos políticos vascos siguen concediendo crédito a los interesados testimonios de dirigentes de Batasuna que les trasladan su irreversible voluntad de dejar el terrorismo mientras los hechos confirman su persistencia en el terror.
La agenda de Batasuna se ve favorecida al involucrarse a agentes internacionales, ya que, bajo la falsa apariencia de neutralidad, actores desconocedores del terrorismo etarra adoptan un tendencioso rol de mediación que, de forma perniciosa, ubica en el mismo plano de responsabilidad y culpa a una organización terrorista y a un Estado democrático.
En ese contexto, la farsa de la verificación es una de las opciones que Batasuna desea explotar para rentabilizar la promesa de desaparición de ETA, al tiempo que intenta generar fisuras en una política antiterrorista que hoy se sostiene en un eficaz consenso y en una asfixiante presión al movimiento terrorista.
La petición de verificación surge de la instrumentalización de iniciativas adoptadas en Irlanda del Norte, donde una comisión internacional fue creada en 1995 con el propósito de opinar sobre cómo debía acometerse el desarme de las organizaciones terroristas. El Sinn Fein rechazaba dicho desarme mientras que los unionistas exigían la entrega de las armas como condición para la apertura de conversaciones sobre el futuro gobierno de la región. El Gobierno británico optó por la internacionalización del conflicto para atraer al IRA, que explotaría esta concesión hasta hacer prácticamente irrelevante el desarme cuando éste se acometió muchos años después.
Primero se pospuso la exigencia de desarme antes de iniciar las negociaciones. Después el IRA se negó a cumplir con la exigencia de desarmarse durante las negociaciones que impuso dicha Comisión. Sin embargo, el incumplimiento de esa obligación no derivó en sanciones serias para el Sinn Fein. Por el contrario, la promesa de desarme y de desaparición del IRA en el futuro se convirtieron en la mejor baza del Sinn Fein para extraer concesiones, pues los representantes políticos de los terroristas exigían constantes privilegios bajo pretexto de que sólo así serían capaces de convencer al IRA de la necesidad de dejar la violencia.
Semejante coacción perpetuó la existencia del IRA mientras reforzaba el perfil político de un partido estrechamente ligado a un grupo terrorista. A pesar de la aparente firmeza del Gobierno británico, el IRA obtuvo la excarcelación de todos sus presos en 2000 sin que la banda hubiese ni siquiera iniciado un desarme que se le venía reclamando desde años atrás. Obtuvo semejante concesión incumpliendo una de las fundamentales “salvaguardas” introducidas por la legislación británica para articular el programa de excarcelación, que contemplaba que no podrían acogerse al mismo “aquellos internos que pertenezcan a organizaciones que no han declarado o que no están manteniendo un alto el fuego completo e inequívoco”.
Tampoco se respetó la exigencia que condicionaba la excarcelación a la “completa cooperación” de la organización terrorista con la comisión que debía hacer posible el desarme de los grupos terroristas que comenzó a llevarse a cabo en 2001 y concluyó en 2005. Fue además una entrega de armas que también se realizó de manera muy cuestionable por la escasa credibilidad que los sucesivos actos implicaron. La impunidad e indulgencia que caracterizó dicho proceso convirtió en ineficaz el desarme del IRA, pues la forma en la que se llevó a cabo impidió que cumpliera el objetivo que motivó esta exigencia en 1995: convencer a las víctimas del terrorismo del IRA de su voluntad inequívoca de poner fin a la violencia.
El retraso en el desarme y su metodología impidieron generar la confianza que se buscaba con esa iniciativa, precisamente por el incumplimiento de los principios que la comisión internacional de desarme debía respetar. La comisión declaraba como guía de su trabajo unos principios democráticos básicos, entre ellos el que destacaba como inaceptable que un partido político, y particularmente sus líderes, expresasen su compromiso con la democracia y la ley mientras su actitud demostraba lo contrario. Sin embargo, la comisión de verificación incumplió su propio mandato y se convirtió en garante de una dañina incoherencia al maquillar el chantaje terrorista que tanto atrae a Batasuna.
Su reproducción en el País Vasco resultaría contraproducente, pues aquí la política antiterrorista debe aspirar a la desaparición total tanto del terrorismo etarra como de su legitimación y no meramente a cerrar en falso un conflicto terrorista como en Irlanda del Norte. Si bien el IRA había decretado el cese de sus actividades, dicha declaración formal de “alto el fuego” no fue considerada incompatible con el mantenimiento de actividades terroristas que continuaron durante años. Incumpliéndose así uno de los más importantes requisitos para la excarcelación.
A modo de ejemplo pueden citarse los cuatro asesinatos cometidos por el IRA en 1999 y los tres perpetrados en 200045, periodo en el que se completó el programa de excarcelación y en el que otros grupos terroristas unionistas también se beneficiaron de dicho privilegio a pesar de seguir cometiendo asesinatos46. La continuidad de otras actividades terroristas fue reconocida por el primer ministro irlandés, Bertie Ahern, que en enero de 2005, ante el Parlamento irlandés, admitió que en su intento por integrar al Sinn Fein en el sistema de partidos había ignorado las actividades delictivas en las que el IRA seguía involucrándose.
Un año antes, su homólogo británico, Tony Blair, había afirmado que no debía tolerarse una situación en la que representantes de la voluntad popular se vieran obligados a compartir el Gobierno de Irlanda del Norte con un partido como el Sinn Fein, asociado a un grupo terrorista todavía activo como el IRA47. El aparente ultimátum del primer ministro británico había sido planteado ya varios años atrás. Así se refleja en un discurso pronunciado en octubre de 2002 en el que también exigió “el final de la tolerancia de actividades paramilitares”, y una “misma ley para todos que se aplique a todos por igual”. Aunque seguidamente aseguró que, a partir de ese momento, “un crimen es un crimen”48, el paso del tiempo demostró que los crímenes del IRA recibían diferente consideración.
La excarcelación se acometió, pues, a pesar del incumplimiento de la premisa fundamental que la legislación recogía –un alto el fuego completo e inequívoco– y que resultaba a todas luces incompatible con el diagnóstico que “en 2005 realizaba Ian Pearson, ministro para Irlanda del Norte, que definió al IRA como “uno de los más sofisticados grupos criminales del mundo”.49 O sea, el IRA obtuvo la excarcelación anticipada de todos sus presos a pesar de que la organización seguía existiendo y pese a que continuaba actuando ilegalmente. Las acciones criminales del IRA no se limitaban a actividades mafiosas que desde algunos sectores de opinión se interpretaban como inevitables después de décadas de violencia.
A menudo se minimizaba la gravedad de semejantes delitos mediante una ventajosa comparación con la renuncia del IRA a su campaña de asesinatos sistemáticos. Sin embargo, los sucesivos informes elaborados por la comisión encargada de supervisar el estado del alto el fuego de los grupos terroristas norirlandeses (IMC, Independent Monitoring Commission) confirmaban que el IRA continuaba financiándose y recabando inteligencia, poniendo sus actividades ilegales al servicio de la estrategia política del Sinn Fein50. El IRA, como concluía dicha comisión, “se había adaptado a los nuevos tiempos”51, manteniendo actividades incompatibles con el respeto a un “alto el fuego completo e inequívoco” que la excarcelación había exigido.
Así pues, el Sinn Fein fue recompensado con la excarcelación de los presos
del IRA al haber optado supuestamente por vías políticas que, sin embargo, en absoluto podían considerarse como democráticas, puesto que el partido no había renunciado a la contribución de las actividades ilegales del grupo terrorista. La asociación entre el brazo político y el militar se mantuvo, pues el IRA continuó sirviendo los intereses del Sinn Fein, ya que la promesa de la desaparición futura de la banda le garantizaba al partido concesiones diversas, entre ellas la referida excarcelación.
Este precedente permite comprender el potencial que la injerencia externa
ofrece para ETA y Batasuna. La constitución de una comisión al estilo de la creada en Irlanda del Norte favorecería la perpetuación de ETA y las constantes presiones sobre Gobierno y sociedad para incurrir en concesiones a la banda a cambio de promesas de mantenimiento de una hipotética tregua para la cual ya existen excelentes verificadores: las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia. El antecedente norirlandés revela el potencial de coacción que dicha fórmula ofrecería a ETA.
Si bien el cese de la violencia del IRA se produjo en ausencia de concesiones hacia la banda y su entorno, inauguró un proceso en el que sus representantes políticos se beneficiaron de significativos gestos de los Gobiernos británico e irlandés. Así generaron perjudiciales consecuencias para la normalización política, lo que repercutió negativamente en el objetivo de la desaparición total de la intimidación terrorista y de su necesaria deslegitimación. Es comprensible que este escenario seduzca a Batasuna, pues ofrece un modelo en el que las autoridades británicas aplicaron una incoherente política que favorecía al Sinn Fein a pesar de las actividades del IRA, al relativizar la simbiosis entre ambos y sus nocivos efectos.
Rogelio Alonso. Profesor titular Universidad Rey Juan Carlos.
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