INSTRUMENTALIZANDO LA DECLARACION DE BRUSELAS Y LOS PRINCIPIOS MITCHELL

Segunda Entrada

LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE BRUSELAS Y LOS PRINCIPIOS MITCHELL POR PARTE DE ETA-BATASUNA.

Declaración de líderes internacionales en la Resolución de Conflictos y Procesos de Paz:

Nosotros, los abajo firmantes, damos la bienvenida y elogiamos los pasos propuestos y el nuevo compromiso público de la Izquierda Abertzale con los medios "exclusivamente políticos y democráticos" y una "total ausencia de violencia" para conseguir sus objetivos políticos.

Plenamente realizado, este compromiso puede ser un paso fundamental para poner fin al último conflicto en Europa.

Tomamos nota de la expectativa de que los próximos meses pueden dar paso a una situación donde el compromiso por los medios pacíficos, democráticos y no violentos se convierta en una realidad irreversible. Para ello, hacemos un llamamiento a ETA para que apoye este compromiso declarando un alto el fuego permanente y completamente verificable.

Tal declaración, debidamente respondida por el Gobierno español, permitiría que los nuevos esfuerzos políticos y democráticos avancen, las diferencias sean resueltas y se alcance una paz duradera.

Entre la veintena de firmantes de la Declaración se encuentran cuatro premios Nobel de la Paz –los sudafricanos Desmond Tutu y Frederik de Klerk y los norirlandeses John Hume y Betty Williams–, la Fundación Mandela, Jonathan Powell –ex jefe de gabinete de Tony Blair–, y Mary Robinson –ex presidenta de Irlanda y ex comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos–.  La aparente ecuanimidad y las supuestas buenas intenciones de los firmantes del documento evidenciaban una peligrosa ausencia de distinción entre el agresor –ETA– y la víctima –la democracia española–, al colocar a una organización criminal y a un Estado democrático en el mismo plano de responsabilidad en lo referente a la resolución del conflicto terrorista que la banda exige.

Aunque la Declaración de Bruselas reclamaba a ETA un “alto el fuego permanente verificable”, lo hacía mediante recursos favorables a los terroristas al reforzar la narrativa del conflicto reproducida por éstos con el fin de desfigurar la realidad en torno a su violencia. Así sucedía al elogiar las personalidades mencionadas, entre ellas varios premios Nobel de la Paz, “el nuevo compromiso de la izquierda vasca pro independentista con medios exclusivamente políticos y democráticos para conseguir sus objetivos”. Apoyaban por tanto las tácticas con las que los representantes políticos de ETA vienen escenificando un simulado, pero inexistente, distanciamiento del terrorismo.

Ante las negativas consecuencias que para los terroristas supone la expulsión de Batasuna de las instituciones democráticas, éstos han acentuado sus esfuerzos por eludir su ilegalización en las próximas elecciones municipales y forales. En ese contexto debe interpretarse el pronunciamiento de los firmantes de la Declaración de Bruselas al plantear que “si el Gobierno respondiera de forma apropiada a esta declaración [de alto el fuego de ETA], permitiría el avance de nuevos esfuerzos políticos y democráticos, la resolución de antagonismos y la consecución de una paz duradera”.

   De esa manera los autores de la Declaración transferían al Gobierno español la responsabilidad para la resolución de un fenómeno terrorista del que únicamente es responsable la banda. Ese mismo modelo de difusión de responsabilidad y transferencia de culpa es el que Batasuna emplea, responsabilizando del final de la violencia a un Gobierno democráticamente elegido por una sociedad a la que los terroristas coaccionan. La retórica utilizada en esta Declaración y sus precedentes permite deducir que sus firmantes reclamaban implícitamente de nuestras autoridades la legalización de otra expresión política continuadora de Batasuna. Debe enfatizarse que resulta imposible conciliar la petición de vuelta a la legalidad de Batasuna con una mera declaración formal de supuesta separación de la violencia –que parecen entender suficiente los firmantes de la Declaración y como desean los representantes de ETA–, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado la ilegalización en muy reveladores términos.

La histórica sentencia dictada en junio de 2009 señala además que “un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia, o proponen un proyecto político que no respete una o varias reglas de la democracia o que persiga su destrucción y el desconocimiento de los derechos y libertades que ella reconoce, no puede prevalerse de la protección del Convenio [europeo de Derechos Humanos] contra las sanciones infligidas por estos motivos”. Por tanto, la reversión de la ilegalización exige mucho más que superficiales fórmulas verbales, al obligar a la renuncia de fines y medios como los que ETA y Batasuna persiguen.

En su defensa de la agenda de Batasuna, Brian Currin ha exigido al Gobierno español el cese de su “violencia”. Ha equiparado, por tanto, de manera errónea el terrorismo de ETA con medidas absolutamente legales y de probada eficacia contra el terrorismo etarra como la ilegalización de su brazo político. En su afán por rehabilitar a Batasuna, Currin viene insistiendo en la exención de ETA y Batasuna de la exclusiva responsabilidad que ambas organizaciones ilegales tienen para decretar el final del terrorismo, interpretación también coincidente con la propaganda terrorista. Su injerencia favorece los intereses terroristas al introducir constantemente un falseamiento de la realidad en torno a las causas y las consecuencias del terrorismo etarra.

En las circunstancias descritas, Batasuna y ETA se benefician del discurso de los firmantes de la Declaración de Bruselas que desvía la atención de las exigencias fijadas por la jurisprudencia al desplazarla hacia unos requisitos meramente formales e insuficientes para la participación en el sistema democrático. Con ese tendencioso objetivo, el artífice de la Declaración, el sudafricano Brian Currin, ha instado al Gobierno español a adoptar los denominados “principios Mitchell”, utilizados en el contexto norirlandés pero absolutamente irrelevantes en el marco democrático español. Así sucede porque dichos principios no constituían más que una retórica declaración de intenciones democráticas básicas y de rechazo formal a la violencia que son descontextualizados por parte de Batasuna para burlar la legalidad.

Nota mía: Os remito, además, a la entrada que titulé “Carta a Paul Ríos (Lokarri)”, donde se hace constar que el recurso semántico “ausencia de violencia”, esconde un trampa táctica de violencia latente y por lo tanto no ausente.

Seis eran los denominados “principios Mitchell”:

1º.- la resolución de cuestiones políticas a través de medios democráticos y exclusivamente pacíficos;

2º.- el desarme total de todas las organizaciones paramilitares;

3º.- el acuerdo de que dicho desarme debía ser verificable a satisfacción de una comisión independiente;

4º.- la renuncia y la oposición a cualquier esfuerzo llevado a cabo por otros para utilizar la fuerza o amenazar con su uso con el fin de influir en el curso o en el resultado de las negociaciones multipartitas;

5º.- aceptar someterse a los términos de cualquier acuerdo alcanzado en las negociaciones multilaterales y recurrir a métodos democráticos y exclusivamente pacíficos para intentar alterar cualquier aspecto de ese resultado con el que puedan estar en desacuerdo;

6º.-urgir el fin de los asesinatos y palizas de “castigo” y emprender medidas efectivas para prevenir dichas acciones.

Estos principios fueron los cimientos sobre los que se edificó una segunda Declaración, esta vez denominada Declaración de Gernika, suscrita por Batasuna, EA y Aralar entre otros.

La decepción es aún mayor al repasar los principios Mitchell, invocados en la Declaración de Guernica. Batasuna recoge tres, los referidos al "uso de medios exclusivamente democráticos y pacíficos", la "oposición a la amenaza de recurrir a las armas" y el "respeto a los acuerdos" con el compromiso de "recurrir solo a métodos exclusivamente democráticos y pacíficos" para modificarlos. Todo ello se resume en el calificativo que Batasuna parece ahora echar en falta: "irreversible". Sin embargo, no se lo pidió a ETA, lo cual revela que o bien asumió su debilidad de origen en la negociación o bien quiere hacernos creer que se ha distanciado de la banda más de lo que lo ha hecho en realidad.

 La Declaración de Guernica recoge el primero, el cuarto y el quinto (citados más arriba), pero deja de lado el segundo y el tercero, que hacen referencia al "desarme total de todas las organizaciones paramilitares" y a que "dicho desarme debe ser verificable por una comisión independiente".

El senador Mitchell no aplicaba el adjetivo "verificable" a un alto el fuego, como hace Batasuna, sino al desarme, porque un alto el fuego resulta tan evidente que no requiere comprobación alguna. La verificación se ha venido entendiendo internacionalmente -no solo en el Ulster, sino también en procesos como el desmantelamiento de la Contra nicaragüense hace 20 años- como una comprobación de que los grupos armados destruyen sus arsenales. Pero si no hay irreversibilidad, si no hay un abandono definitivo de las armas, ¿qué se va a verificar? * (Irene Lozano, El País, 15-1-2011)

Frente a la vacua retórica de los referidos “principios Mitchell”, la ilegalización de Batasuna cuenta con el respaldo de una legislación nacional e internacional que determina con claridad las causas de su prohibición y también, por tanto, las condiciones que deben cumplirse para la participación de un partido político en el juego democrático. Es decir, el verdadero test del compromiso democrático de una formación no puede ser una mera declaración formal de intenciones, sino la fehaciente constatación del respeto a una legalidad determinada por las instituciones democráticas responsables. Los dirigentes de Batasuna intentan convertir dichos principios formales en una alternativa a los requisitos legales que motivan la ilegalización de esta formación política.

La propia ETA ha dejado clara su interpretación de los “principios Mitchell”:

“Esos principios constituyen las reglas de juego que todos los partidos políticos debieran aceptar en las conversaciones multipartitas para superar el conflicto político. Por lo tanto, corresponde a los partidos mostrar su compromiso con esos principios. En cualquier caso, y aunque esté fuera de ese ámbito, ETA tiene voluntad, tomando en cuenta los ‘Principios Mitchell’, de no influir en las conversaciones entre los partidos y de respetar los acuerdos que en ese ámbito se puedan lograr en la resolución democrática del conflicto”. Este explícito desmarque que ETA realizó de los “principios Mitchell” revela el error de quienes insisten, sin fundamento alguno, en la voluntad de la organización terrorista de poner fin a su campaña de violencia. Evidencia además el error de los actores nacionalistas que han dado credibilidad a la propaganda terrorista, aceptando tácticas como las que se describirán en la siguiente entrada, que contribuyen al objetivo terrorista de recomponer alianzas independentistas bajo las directrices de ETA.

Próxima entrada: Recomponiendo el Nacionalismo Radical.