El Gobierno López ha presentado el Plan para la Convivencia Democrática en lugar del anterior plan de paz. Todo el mundo, sin embargo, sigue hablando de plan de paz. Todo el debate parece centrarse en si las víctimas familiares deben estar presentes en las aulas, si todas o algunas. Si el plan del Gobierno López sustituye, rectifica o complementa el anterior.
Estamos acostumbrados a que en la sociedad vasca, especialmente en cuestiones políticas, a las cosas no se las llame por su nombre. Parece que debatimos si es un plan para la convivencia democrática o para la paz, si las víctimas de ETA y las de los GAL deben estar presentes. Parece que el meollo del debate radica en si el nuevo plan sustituye, reforma, o complementa el anterior. Pero no es verdad.
En esta sociedad vasca en la que se ha insistido, especialmente por parte del nacionalismo vasco, en que la violencia de ETA era la expresión de la existencia de un conflicto 'político', se nos dice ahora, y debatiendo sobre el plan para la convivencia democrática propuesto por el Gobierno López, que el punto en el que debemos buscar el acuerdo se halla fuera de la política, en el plano ético -Izaskun Bilbao-. En esta sociedad a la que se trató de convencer durante años que la aceptación del plan Ibarretxe -plan político por excelencia- era condición para que ETA abandonara la violencia terrorista, ahora la deslegitimación de esa violencia debe hacerse sólo desde la ética.
Es más: se nos dice -de nuevo Izaskun Bilbao- que el término deslegitimación es incorrecto, que lo correcto, según algún académico, sería usar el término 'desacreditar'. Pues hablar de deslegitimación implicaría que alguna vez la violencia de ETA pudo ser legítima. No sé si el catedrático citado será experto en derecho, pero Izaskun Bilbao es licenciada en Derecho y debería saber que deslegitimar la violencia de ETA no tiene como referente la posible legitimidad en algún momento de esa violencia, sino que el referente es que la única violencia legítima en democracia es la del Estado de Derecho, y esa violencia es legítima porque está sometida al imperio del Derecho y de las leyes derivadas de ese sometimiento.
Empieza a aparecer la cuestión de verdad, el tema que provoca el debate: el Estado de Derecho. Xabier Etxeberria propone, para poder resolver el debate entre los dos planes, sustituir en el segundo, en el del Gobierno López, las referencias constitucionales por referencias al Estado de Derecho, para que no aparezca por ningún lado la Constitución española. Pero España es Estado social de Derecho, estructurado como Estado autonómico con reconocimiento de poder de autogobierno a nacionalidades y regiones, en y gracias a la Constitución, que, como constitución democrática, impone a la voluntad de los ciudadanos el límite de la necesaria sumisión al Derecho. Y es gracias a la Constitución como los derechos humanos se convierten en derechos y libertades fundamentales, protegidos y garantizados, y hechos efectivos por medio de las leyes positivas que los desarrollan.
ETA no mata porque sea una banda de ladrones. ETA no asesina porque sea una organización mafiosa. ETA no amenaza para hacerse con riquezas, por pasiones humanas corrientes. ETA mata, asesina, amenaza y extorsiona movida por un proyecto político, para conseguir un fin político. ETA, asesinando en nombre de un proyecto político, mezcla la vulneración del derecho a la vida -pisotea un principio ético- con un fin político, mezcla la ética y la política. Y esa mezcla de ética y política está inscrita a sangre y fuego, literalmente, en cada una de las víctimas primarias, en cada una de las víctimas asesinadas. Y es esa memoria de esas víctimas primarias asesinadas, en las que la ética y la política están indisolublemente mezcladas, la que debe estar presente en la escuela.
ETA, asesinando, pone en cuestión el monopolio legítimo -sometido al Derecho y a las leyes de él derivadas- del Estado. ETA, asesinando al diferente, pone en cuestión al Estado de Derecho como el marco en el que pueden convivir identidades distintas porque esa pluralidad de identidades sólo puede subsistir como comunidad en los derechos y libertades fundamentales que constituyen a los ciudadanos -pero este concepto de ciudadanía es para el portavoz del PNV en el Parlamento de Vitoria un concepto extraño al pueblo vasco, raíz de todos sus males-.
Escribe Izaskun Bilbao que el plan de convivencia democrática -antiguo plan de paz- sólo será viable si podemos hacerlo nuestro. Pero la condición que pone para poder hacerlo nuestro es limitarse a los principios éticos, huyendo de la política. Sorprendente: no sé si querrá decir que la sociedad vasca sólo puede existir como comunidad ética, es decir, que nunca podrá constituirse como sujeto político. Ésa es la consecuencia: compartiremos la defensa de la vida, pero nunca llegaremos a ponernos de acuerdo sobre los procedimientos, normas y regulaciones que hagan efectiva esa defensa, porque los nacionalistas lo supeditan al reconocimiento de su identidad sin ningún límite. Lo ha recordado recientemente Ibarretxe: el siglo XXI va a ser el siglo de la identidad, aunque no sepamos si de la pura, de la mixta, de la compleja, de la líquida, de la acuosa, de la plural, y menos aún sepamos cuáles deben ser las consecuencias políticas de cada una de ellas.
La huida de la política es lo que se discute en este debate. Y la pregunta es: ¿p or qué se huye de la política a la ética? Para no tener que formular la pregunta a la que más miedo tiene el nacionalismo vasco: ¿El uso que ETA ha hecho de la violencia terrorista, de los asesinatos y de las bombas para defender la autodeterminación y la territorialidad no ha supuesto nada, no ha dejado ninguna huella en los fines compartidos del nacionalismo, no obliga a ninguna pregunta? Ésa es la cuestión. Se huye de la política a la ética para inmunizar los fines nacionalistas de toda crítica política, al nacionalismo y a la violencia en nombre de fines nacionalistas. Para que el futuro de Euskadi pueda ser el que soñó ETA, pero sin ETA.
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